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COMUNICACIÓN ESCRITA SEMANA 12 ACTIVIDAD 1


EQUIDAD DE GÉNERO Y EMPODERAMIENTO DE LA MUJER

La Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) planteó una profunda revisión de las políticas de población aplicadas hasta su celebración, en 1994, poniendo de relieve el peso de las relaciones de género en la definición del escenario demográfico y en el desarrollo. En la nueva agenda de las políticas de población derivadas del consenso de la CIPD, la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres se perfilaron como requisitos indispensables para alcanzar el desarrollo sustentable, así como para hacer frente a los desafíos demográficos.

Para lograr lo anterior, se exhortó a los gobiernos a instrumentar los cambios institucionales y las reformas jurídicas y constitucionales necesarias para salvaguardar los derechos de las mujeres y promover la equidad de género. Se alentó también a la comunidad internacional y a los gobiernos a adoptar acciones para fortalecer, reorganizar o ampliar los servicios de salud reproductiva, los sistemas educativos y los programas laborales, con la finalidad de asegurar el acceso de la mujer en condiciones de igualdad.

En México, la política de población se ha comprometido desde sus inicios a mejorar la condición de la mujer y a lograr la equidad de género. El Gobierno de México reconoce que el mejoramiento de la condición social de la mujer constituye un desafío de primer orden, que debe enfrentarse tanto por consideraciones de justicia y equidad, como por el hecho de que de ello depende la incorporación plena de todas las energías creadoras y de transformación de las que México dispone. Bajo estos principios, el gobierno de México ha llevado a cabo diversos programas y acciones, congruentes con la CIPD y con la Plataforma de Acción derivada de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995.

El principio fundamental de igualdad jurídica del hombre y la mujer se integró en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos desde 1974, quedando plasmada en el artículo cuarto. En lo que se refiere al marco normativo, el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación Contra las Mujeres (PROEQUIDAD), es el instrumento que refleja el compromiso del gobierno federa con las mujeres de México a partir de los tres postulados fundamentales definidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006: Humanismo, Equidad y Cambio. Este compromiso se arraiga, de manera sólida, en la labor que han desarrollado en el país, desde finales del siglo XX, grupos de mujeres, organizaciones no gubernamentales, partidos políticos y funcionarios públicos.

SITUACIÓN Y CONDICIÓN SOCIAL DE LAS MUJERES EN MÉXICO

En México las mujeres sumaban, en 2003, 52.3 millones y representaban poco más de 50 por ciento de los 104.2 millones de habitantes del país. Entre 1970 y 2000, el peso relativo de las mujeres menores de 15 años respecto de la población femenina total, disminuyó significativamente (de 47.2 a 32.6%), el número de las que tienen entre 15 y 59 años experimentó un fuerte incrementó (de 46.5 a 60.0%), y el de las mujeres adultas mayores (60 años o más) también creció (de 6.3 a 7.4%). En números absolutos, las mujeres menores de 15 años sumaban alrededor de 16 millones en el año 2003, la población femenina en edades productivas (de 15 a 59 años) ascendía a 32.2 millones y las mujeres de la tercera edad eran alrededor de 4.1 millones.

Se prevé que en el año 2005 las mujeres sumarán alrededor de 53.5 millones, para el 2010 ascenderán a 56.2 millones y para el 2015, este grupo de la población será de 58.7 millones aproximadamente (CONAPO, 2003). Los cambios en la composición por edades de la población femenina tienen importantes consecuencias en la conformación de un amplio espectro de demandas sociales. En los próximos años, el peso relativo de la población femenina menor de 15 años continuará disminuyendo y su número se reducirá gradualmente para alcanzar 15.7 millones en el año 2005, 14.5 millones en 2010 y 13.7 para 2015. Este hecho favorecerá una menor presión sobre la demanda de educación básica y permitirá continuar expandiendo la cobertura y mejorar la calidad de la educación primaria y secundaria.

En contraste, se anticipan aumentos considerables en el volumen de la población en edades productivas y de la tercera edad. La población femenina entre 15 y 59 años se incrementará a 33.4 millones en el año 2005 y a 36.3 millones en 2010, mientras que la de 60 años o más aumentará a 4.4 millones y 5.3 millones, respectivamente. Estos incrementos poblacionales se traducirán, entre otros factores, en fuertes presiones sobre la educación superior, el mercado laboral, el sistema de salud y las bases de financiamiento de la seguridad social del país.

ATENCIÓN A LA SALUD Y SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

La salud y la educación son derechos fundamentales del ser humano y constituyen los pilares que determinan el bienestar de la población. Uno de los logros más sobresalientes de México en las últimas décadas ha sido el incremento en la esperanza de vida de la población, pasando de 35.9 años (34.9 años para los hombres y 36.9 para las mujeres) en 1930 a 74.9 años (72.4 y 77.4, respectivamente) en 2003. Este incremento ha sido más notorio para la población femenina, para la que este indicador aumentó más de 40 años en siete décadas. Información más reciente muestra que, entre 1994 y 2003, se han logrado notables avances en este rubro pues la esperanza de vida para las mujeres se incrementó de 75.3 a 77.4 años en este período, mientras para los varones el incremento fue de 69.9 a 72.4 años, respectivamente.

ACCESO A LA EDUCACIÓN

Durante los últimos treinta años la condición social de la mujer ha ido progresivamente mejorando también como resultado de su mayor acceso a la educación. En 1970, la proporción de mujeres sin instrucción alguna, superaba en casi siete puntos porcentuales la de los hombres (35 y 28.1%, respectivamente); en el año 2000, esta brecha se había acortado a tres puntos porcentuales, habiendo en el país 11.7 por ciento de la población femenina de 15 años o más sin ninguna instrucción y 8.8 de la población masculina en estas condiciones. Asimismo, la proporción de la población de 6 a 14 años que asiste a la escuela muestra una evolución favorable para las mujeres entre 1970 y 2000.

A inicios de ese período, 65.6 por ciento de los varones y 63.2 de las mujeres —de este grupo de edad— asistían a la escuela; en 2000, estas proporciones ascendieron a 91.6 y 91 por ciento, respectivamente (Presidencia de la República, 2003). Un análisis por grupos de edad, permite afirmar que, efectivamente, entre las generaciones más jóvenes el acceso de las mujeres a la educación ha mejorado; mientras entre las mujeres nacidas hasta 1940, más de tres de cada diez eran analfabetas, entre las generaciones nacidas entre 1971 y 1985 esta proporción era de menos de una de cada diez mujeres. Sin embargo, aún persiste en este ámbito la brecha de género en detrimento de la mujer. En el año 2000, y aún para las generaciones más jóvenes de mujeres, la proporción de analfabetas superaba la de los hombres (véase cuadro 1). En este año, la tasa de alfabetización era de 93.4 para los varones y de 89.5 para las mujeres, mientras la población con rezago educativo2 alcanzaba 50.9 por ciento de los varones y 55 por ciento de las mujeres (Presidencia de la República, 2003). Vale la pena señalar que, aunque ligeramente, la brecha entre hombres y mujeres en este último indicador se amplió entre 1970 y 2000; en 1970 la proporción de mujeres con rezago educativo era 4.3 por ciento superior a la de los hombres, cifra que ascendió a 8 por ciento en 2000 (Presidencia de la República, 2003).

Otros indicadores educativos confirman la persistencia de rezago en el acceso a la educación para las mujeres del país. Entre 1970 y 2000, la brecha entre hombres y mujeres con respecto a la proporción con estudios de secundaria, con escolaridad mayor a la secundaria y el promedio de escolaridad no experimentó grandes cambios.

La información de la población matriculada en el sistema educativo nacional muestra que el número de mujeres de 6 a 14 años que cursa la educación básica (primaria y secundaria) se ha ido incrementando de manera constante. Sin embargo, aún está por debajo del de los hombres. En el nivel medio-superior (bachillerato y profesional técnico), la participación de las mujeres se ha incrementado de 49.7 por ciento en el ciclo escolar 1994-1995, a 50.6 por ciento en el ciclo 2000-2001. El incremento de la participación femenina en la educación superior se ha incrementado de 45.1 por ciento para el periodo 1994-1995, a 47.6 por ciento para el periodo 2000-2001. Es en las áreas rurales e indígenas en donde las diferencias por género son más acentuadas, en el año 2000, 43.2 por ciento de las mujeres de 15 años y más hablantes de alguna lengua indígena no sabe leer ni escribir, mientras que el indicador desciende a 23.9 por ciento en el caso de los varones.

PARTICIPACIÓN ECONÓMICA

La incorporación de la mujer a la actividad económica ha crecido de manera sostenida durante los últimos 25 años. La tasa de participación femenina (mujeres de 12 años o más) se incrementó de 17.6 por ciento en 1970, a 27.8 en 1980, a 31.5 en 1991 y a 36.4 por ciento en 2000 y a 35.3 en 2003. La presencia cada vez mayor de la población femenina en el mercado de trabajo responde a los procesos de modernización y reestructuración que han tenido lugar en la economía mexicana, aunque también constituye una expresión de la proliferación de estrategias generadoras de ingreso, mediante las cuales las mujeres contribuyen a sostener el nivel de vida de sus familias.

El aumento en las tasas de participación económica de las mujeres ha significado el incremento en el mercado laboral de mujeres en edad adulta y la pérdida de la relación entre estado civil y participación laboral. En 2003, la mayor participación en el mercado laboral se observaba entre las mujeres separadas y divorciadas (63.5 y 69.6%, respectivamente), seguidas por las mujeres solteras (37.5). En contraste, las mujeres casadas, viudas o en unión libre, tenían una tasa de participación de alrededor de 31 por ciento. La participación de las mujeres se asocia primordialmente con el trabajo asalariado, el trabajo por cuenta propia y el trabajo sin pago.
En 2003, los porcentajes de mujeres en esas posiciones laborales eran del orden de 58.6, 23.8 y 12.1 por ciento, respectivamente. Cabe destacar que la proporción de mujeres trabajadoras sin pago es casi el doble que la de los hombres que se encuentran en esta condición.

El sector terciario (comercio y servicios) ha sido el más propicio para la expansión del autoempleo femenino, el cual está estrechamente conectado con estrategias familiares de vida, incluida la proliferación de pequeñas unidades económicas familiares que requieren poco capital y escasa tecnología. En 2003, 26.1 por ciento de las mujeres trabajadoras participaba en este sector de la economía. Las ramas de servicios y de transformación son los que absorben más fácilmente la demanda de empleo femenino (48.4 y 19.2%, respectivamente).

Una manifestación de la desigualdad de género en la estructura ocupacional es que prevalece la incorporación femenina a empleos poco calificados y mal remunerados. El uso intensivo de mano de obra femenina barata ha sido utilizado como factor sustituto de la introducción de nueva tecnología en actividades poco competitivas. Estos empleos se ubican en el sector terciario, particularmente en actividades de servicios personales caracterizadas por horarios flexibles, que pueden ser compatibles con las tareas materno-domésticas. La disminución relativa de la brecha salarial de género observada en ciertos sectores, ha estado asociada más que a una mejor calidad y remuneración de los empleos femeninos, a una baja generalizada en la calidad y remuneración de los empleos, sobre todo en los niveles más bajos de la pirámide ocupacional.

Por su parte, en los niveles de alta escolaridad, las brechas de género no sólo se mantienen sino que han tendido a ensancharse. Baste señalar que, en 1996, la proporción de la población ocupada que recibía más de cinco salarios mínimos era de 8.4 entre los varones y 4.7 entre las mujeres, cifras que ascendieron a 12.5 y 7.6, respectivamente, en 2003 (Presidencia de la República, 2003). Ello supone que en este período la brecha de género se amplió en detrimento de las mujeres, al pasar de 3.7 a 4.9 puntos porcentuales.

A pesar de la favorable evolución de la tasa de participación económica femenina, la mujer sigue enfrentando múltiples obstáculos para insertarse en el mercado laboral. Por ejemplo, son las mujeres quienes en mayor medida realizan su trabajo sin pago, o con un pago por debajo del salario mínimo. En 1996, 26.6 por ciento de las mujeres ocupadas percibían menos de un salario mínimo por su trabajo, mientras para los varones esta proporción era de 17 por ciento. Cifras estimadas para 2003, mostraron que, si bien la diferencia entre géneros se redujo, las mujeres seguían estando con mayor frecuencia en esta situación. Para este último año, 13.9 de los hombres y 20.4 de las mujeres ocupadas, recibían menos de un salario mínimo por su trabajo (Presidencia de la República, 2003). En promedio, los ingresos por hora trabajada son menores para las mujeres que para los hombres.

La discriminación salarial a la que son sujetas se presenta en mayor medida en ocupaciones socialmente denominadas como “masculinas”, como es el caso de supervisores industriales, donde las mujeres tendrían que ganar 15.3 por ciento más para igualar el sueldo de los varones. La tasa de desempleo abierto ha variado significativamente en la última década, con niveles mínimos en 2000 y el nivel máximo en 1995. Sin embargo, la tasa de desempleo femenino en 2003 alcanzó un nivel similar al de 1999. Si bien es cierto que la participación económica de la mujer ha crecido, la suma de la desigualdad de oportunidades educativas y sociales se traduce en inequidades que tienden a golpear de manera más fuerte a las mujeres, dando por resultado que los índices de pobreza se agudicen en este grupo poblacional. Finalmente, de acuerdo con las proyecciones de CONAPO, se prevé que la participación económica femenina seguirá incrementándose de manera significativa en los próximos años, a más de 15.2 millones en 2005, a 17.2 millones en 2010 y a cerca de 21 millones en 2020, lo cual implica que, al menos, 39 por ciento de los más de 900 mil empleos que deberán crearse anualmente en los próximos diez años para absorber a los nuevos integrantes al mercado de trabajo, serán ocupados por mujeres.

FAMILIA Y ORGANIZACIÓN DE LA VIDA COTIDIANA

La mayor presencia de la mujer en el mercado de trabajo está acompañada de un conjunto de transformaciones micro sociales en la vida cotidiana, en las relaciones entre hombres y mujeres y en los estilos de vida. Las familias mexicanas viven una cierta estabilidad reflejada en niveles relativamente bajos de disolución de uniones. Sin embargo, poco se sabe acerca de las implicaciones que tienen los cambios observados en los distintos tipos de hogares y en los patrones de formación y disolución familiar sobre la situación social de las mujeres.

Al respecto, un grupo de atención prioritario desde la perspectiva de los programas de política social orientados al combate de la pobreza, es el de los hogares encabezados por mujeres, lo cual, en algunos casos, las enfrenta al conflicto derivado de la necesidad de obtener ingresos monetarios y atender la responsabilidad del cuidado y crianza de los hijos, posición que a su vez condiciona su acceso al mercado de trabajo y las coloca en una situación de extrema vulnerabilidad. Los hogares dirigidos por mujeres se han incrementado en los últimos años: en 1997, más de 19 por ciento de los hogares mexicanos tenía jefatura femenina, para el año 2000 esta cifra se incrementó a 20.6 por ciento.

A pesar de que más de una quinta parte de los hogares mexicanos está dirigida por mujeres, aún queda un largo camino por recorrer en cuanto a las acciones para favorecer la compatibilidad de las funciones de madre, esposa o jefa de familia con los de profesionista, obrera o empleada. Por ejemplo, el sistema de guarderías públicas sólo atiende a poco más de un quinto de la población entre los cero y seis años de edad.

Es importante señalar que la transición demográfica tendrá importantes consecuencias en la transformación de los escenarios en los cuales se forman y se transforman las familias mexicanas. En primera instancia, el envejecimiento poblacional prolongará el tiempo de vida de las distintas generaciones en las familias, lo que conlleva al encuentro de múltiples expectativas y necesidades al interior de los hogares en relación con el espacio, el uso del tiempo, la asignación de las responsabilidades, la relación de dependencia económica y la división de roles y responsabilidades. En este contexto, habría que prever la situación de las mujeres que llegan a la vejez en hogares unipersonales.

Un aspecto en donde se muestran marcadas desigualdades de género es la participación en el trabajo doméstico. Los datos para 2001 muestran que la gran mayoría de las mujeres realiza trabajo doméstico (95.6%), mientras que este indicador desciende a 61.3 por ciento para el caso de los varones. La violencia al interior de la familia es un problema que requiere mayores esfuerzos para valorar su magnitud y sus múltiples aristas. Una encuesta realizada en el área metropolitana de la ciudad de México en 1999, mostró que 30.4 por ciento de los hogares presentaba algún tipo de violencia y, de ellos, en casi 60 por ciento la violencia era den tipo sexual. Esta misma fuente reveló que la gran mayoría de los hogares con violencia tenían jefatura masculina (véase gráfica 8). La violencia familiar ocupa el tercer lugar entre las causas de pérdida de años saludables de vida en mujeres de la ciudad de México (Lozano, 1999).

PARTICIPACIÓN POLÍTICA

La reforma del Código Federal de Procesos Electorales del año 2002 establece, por primera vez, cuotas mínimas de representación de mujeres en las candidaturas a cargos legislativos. Con esta reforma, México ingresa a la lista de países que establecen acciones positivas en favor de la equidad de género en la distribución del poder político. El sistema de cuotas ha facilitado el ingreso de más mujeres a la arena parlamentaria, pero los datos muestran una realidad todavía reacia a la participación política de la mujer. La participación femenina en los órganos legislativos en México se incrementó de 13.2 a 18.7 por ciento en el Senado y de 13.9 a 22.8 por ciento en la Cámara de Diputados, entre 1994 y 2003.

En las entidades federativas, sólo hay 172 diputadas de un total de 1 119 asientos legislativos. En el plano municipal, sólo hay 98 presidentas municipales de más de 2 433 municipios. Lo anterior significa que la política sigue siendo una actividad restringida para las mujeres y que aún está por construirse el nexo de confianza entre el electorado y las mujeres políticas. Se puede afirmar que México ha alcanzado logros considerables en el mejoramiento de la condición social, económica y cultural de la mujer. No obstante, también se observa la persistencia de desigualdades, por lo que se reconoce que aún falta mucho por hacer para lograr el acceso al desarrollo en condiciones de equidad con respecto al varón y paramgarantizar y hacer efectivos sus derechos en las distintas esferas sociales.

POLÍTICAS PÚBLICAS Y MARCO NORMATIVO PARA PROMOVER LA EQUIDAD DE GÉNERO

La CIPD, así como las conferencias internacionales de la mujer (México, 1974; Copenhague, 1980; Nairobi, 1985; Beijing, 1995), han sido instrumentos muy importantes en la consolidación de los mecanismos de equidad de género y las estrategias de institucionalización de la perspectiva de género en el Estado, lo cual ha requerido la legitimación de la agenda de las mujeres frente a los distintos actores sociales. En el proceso de legitimación e institucionalización de la perspectiva de género, no se puede dejar de reconocer el papel estratégico de los distintos grupos de mujeres y las organizaciones de la sociedad civil. Estos grupos han jugado un papel trascendental en términos de abogacía, vigilancia y seguimiento para incorporar la perspectiva de género en la agenda nacional. Sin duda la ratificación por parte del Estado Mexicano de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1981) así como del Protocolo Facultativo de la misma Convención (2002) se han traducido en avances concretos y en el establecimiento de un marco jurídico sólido en materia de derechos humanos de las mujeres.

MARCO INSTITUCIONAL FEDERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA GÉNERO EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
Se entiende por marco institucional para la inclusión de la perspectiva género en las políticas públicas las oficinas, unidades o institutos de la mujer instalados en el aparato público federal. Estas oficinas, inicialmente instaladas con el objetivo de dar seguimiento a los procesos preparatorios de las conferencias internacionales, con el tiempo han ido creciendo y transformándose en instituciones insertas en la racionalidad de las políticas públicas. Un breve vistazo a la evolución de estos mecanismos institucionales en México nos permite distinguir que desde los tres últimos quinquenios del siglo pasado hasta los primeros años de la década de 2000, éstos se han consolidado y expandido en la estructura orgánica de la Administración Pública Federal y Estatal, configurando una amplia red de puntos focales dedicados a la tarea de institucionalizar la perspectiva de género en el Estado.
En México, el primer antecedente importante en este sentido se ubica en 1985, cuando se estableció la Comisión Nacional de la Mujer que representó a México en la Conferencia de las Mujeres celebrada en Nairobi en ese mismo año. Tres años después, en diciembre de 1988, en el marco del Programa Nacional de Solidaridad (1988-1994), se creó el Programa de Mujeres en Solidaridad cuyo objetivo era mejorar la calidad de vida de las mujeres en condiciones de pobreza de zonas rurales y urbano-marginales. En el contexto preparatorio a la IV Conferencia Internacional de la Mujer en 1993, se instaló el Comité Nacional Coordinador que elaboró un informe integral sobre la situación de las mujeres en México.
En 1995, como parte de los compromisos adquiridos en la Cumbre de Beijing, se formuló el primer Programa Nacional de la Mujer 1995-2000, (PRONAM), Alianza para la Igualdad, en el Consejo Nacional de Población (CONAPO), con la participación de un amplio grupo de organizaciones del Gobierno Federal y de la sociedad civil. Este programa trazó los primeros lineamientos de la actual política de género e identificó y estableció las siguientes prioridades:
· Superar los rezagos educativos y mejorar las oportunidades de educación de las mujeres
· Garantizar el acceso de las mujeres a servicios integrales de atención de la salud
· Fortalecer las capacidades de las mujeres y promover su participación en todos los niveles y ámbitos de decisión
· Defender y proteger los derechos de las mujeres
· Prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres
· Combatir la pobreza que aqueja a las mujeres.
· Apoyar a las mujeres trabajadoras
· Propiciar una distribución más equitativa de las tareas y responsabilidades domésticas
· y extra domésticas entre hombres y mujeres
· Reconocer y valorar la contribución del trabajo no remunerado de las mujeres para la
· economía y el bienestar de la familia
· Propiciar la eliminación de imágenes estereotipadas de la mujer

El Programa Nacional de la Mujer (PRONAM) fue adquiriendo presencia, de manera tal que en 1998, con la publicación del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, se creó la Comisión Nacional de la Mujer (CONMUJER), dependencia que adquirió el estatus de un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación. Las labores de PRONAM estuvieron centradas en la legitimación y la comprensión de las nuevas demandas de género contenidas en el plan. Como resultado de este proceso, se crearon oficinas o unidades de género en la Dirección General de Equidad de Género en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para Trabajadores del Estado (ISSSTE), en la Coordinación de Salud Reproductiva del IMSS y en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA).


Además, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) incorporó la perspectiva de género en la política exterior mexicana y en el H. Congreso de la Unión, los congresos locales establecieron comisiones de equidad de género. De igual manera, crecieron y se consolidaron los mecanismos de la mujer en 20 estados de la República.

ESTRATEGIAS PARA TRANSVERSALIZAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

Las estrategias para incorporar la perspectiva de género como una línea transversal se han visto reflejadas en diversas acciones que pueden agruparse en la generación de información e indicadores con enfoque de género, en la puesta en marcha de mecanismos de colaboración y coordinación institucional, y en la capacitación y formación de recursos institucionales.

Generación de información estadística e indicadores de género El INMUJERES ha desarrollado dos fuentes de información con enfoque de género: uno de ellos es el Sistema de Indicadores para el Seguimiento de la Mujer en México (SISESIM), elaborado en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informá-tica (INEGI), y el otro es el Sistema Estatal de Indicadores de Género (SEIG) que se trabajó con las instancias estatales de la mujer. El SISESIM es un sistema de indicadores que da cuenta de la situación de las mujeres en diversas temáticas que dan respuesta a las necesidades de información para poder dar cumplimiento a la Plataforma de Acción de Beijing. Éstos son: educación, trabajo, salud, hogares y familias, participación en la toma de decisiones, situación demográfica, población indígena, migración, población con capacidades diferentes.

El SEIG es un sistema de indicadores de género en el nivel estatal, desagregando la información en el nivel de municipio y/o región. Incluye los temas de educación, salud, trabajo, participación política y familias. Otra fuente de información son las publicaciones de INMUJERES, que cuenta con una serie de documentos metodológicos que incluyen estadísticas con enfoque de género sobre temas como educación, mercados laborales, familia y participación política. Un sistema más que se está trabajando es el Sistema Interactivo de Seguimiento de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (SICEDAW), que es un centro electrónico de información sobre la ejecución de los acuerdos de la CEDAW en los países de América Latina y el Caribe.

Es importante subrayar que en cada una de las instituciones del Gobierno Federal existen indicadores propios para dar seguimiento y medir los avances de las políticas y programas aplicados. Una de las instituciones que más ha trabajado en la incorporación de la perspectiva de género en la generación de indicadores e información estadística es la SEDESOL, en donde se han establecido indicadores que permiten valorar los avances en el acceso a los beneficios de las acciones en materia de equidad de género. Por su parte, el Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL) cuenta con indicadores de mujeres y hombres que perciben un ingreso a través de proyectos apoyados por el programa de coinversión social y el índice de proyectos apoyados con perspectiva de género. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) toma como indicadores los seguros, servicios y prestaciones plasmadas en su legislación, para medir las posibles inequidades en el otorgamiento de los mismos.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se une a esta tarea a través de la publicación Indicadores de Salud con Enfoque de Género 2002, con información socio demográfica, de salud y económica, para cada una de las delegaciones del IMSS y para el nivel nacional. Finalmente, cabe señalar que la producción de información desagregada por sexo y la generación de indicadores con enfoque de género es una tarea asumida por las direcciones de equidad de género de la STPS, el Programa Mujer y Salud de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, así como por las dependencias estatales de la mujer. Capacitación y formación en aspectos relativos a género y las políticas públicas Desde su creación, las estrategias del PRONAM se orientaron no sólo a lograr un cambio en las actitudes, creencias, prácticas y conductas de hombres y mujeres, que hicieran posible el fortalecimiento de una cultura de equidad.

En este sentido, las acciones de capacitación y formación en aspectos relativos al género se ha concebido como una estrategia central para incorporar la perspectiva de género en los programas y las políticas públicas. La capacitación y formación de recursos humanos en materia de equidad de género ha sido un esfuerzo colectivo al que se ha sumado un gran número de instituciones gubernamentales, OSC e instituciones académicas, tales como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), SAGARPA, ISSSTE, IMSS, SEDESOL, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), la Comisión Nacional para el Desarrollo de lo Pueblos Indígenas (CNDPI), la SSA, el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJ), algunos gobiernos estatales, el Gobierno del Distrito Federal (GDF), El Colegio de México (COLMEX), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a través del Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar (Mexfam), entre muchos otros organismos. Las acciones educativas y formativas han estado encaminadas, de manera general, a los siguientes aspectos:

· Información y sensibilización sobre el concepto y la perspectiva de género
· Producción de información y generación de estadísticas con enfoque de género
· Lineamientos metodológicos para la aplicación del enfoque de género en las políticas públicas
· Aspectos legales en materia de equidad de género
· Género y políticas públicas
·
LOS PROGRAMAS, EN MATERIA DE EQUIDAD DE GÉNERO

En este contexto, la SEDESOL lleva a cabo diversos programas que benefician a las mujeres, entre los que destacan: Programa para Mujeres Jefas de Familia, que busca apoyar, promover las capacidades y facilitar el desempeño laboral o incorporación en actividades productivas de las mujeres o grupos de mujeres en pobreza extrema que habitan en zonas urbanas marginadas, que tengan la responsabilidad de la manutención familiar de dependientes económicos menores de 16 años. Otro requisito es que sean el principal sustento familiar y sus ingresos no sean superiores a 3.5 salarios mínimos mensuales de la zona económica de residencia. Este programa (que opera en las zonas urbanas marginadas de toda la República) se coordina con el Programa para la Superación de la Pobreza Urbana Los países deberían adoptar medidas para habilitar a la mujer atribuyendo la mayor importancia a la eliminación de la pobreza.





EQUIDAD DE GÉNERO Y EMPODERAMIENTO DE LA MUJER

· Programa de Opciones Productivas, que opera actualmente con siete modalidades de atención, entre las que destaca la de Créditos Productivos para Mujeres.
· Apoya las iniciativas de las mujeres ubicadas en zonas rurales marginadas, con la puesta en marcha de proyectos productivos recuperables y técnicamente sostenibles
· Para contribuir al esfuerzo nacional en el combate a la pobreza, el INMUJERES ha impulsado una serie de proyectos específicos que se describen a continuación.
· Proyecto Generosidad. Su objetivo es facilitar el mutuo aprendizaje y conducción de iniciativas basadas en la comunidad para promover la equidad de género y mejorar el acceso a los programas generadores de ingresos apoyados por el gobierno.
· Desarrollo de capacidades productivas a esposas e hijas de pescadores migrantes en la costa ribereña de Nayarit.
· Programa “Con Ojos de Mujer”, que se llevó a cabo durante el año 2002 con el objetivo de impulsar un proceso que favorezca la igualdad de oportunidades económicas entre los géneros

CONCLUSIONES
A partir de 1995 se han hecho diversas modificaciones a los códigos, leyes y reglamentos referentes al fortalecimiento de los derechos económicos y sociales de las mujeres y las niñas, Cabe señalar que en los últimos cinco años, la legislación federal en materia laboral no ha tenido modificaciones para combatir prácticas discriminatorias de los empleadores hacia las mujeres, por lo que las Senadoras integrantes de la Comisión de Equidad y Género del H. Senado de la República plantearon la necesidad de promover reformas a la legislación laboral federal, con el fin de erradicar la discriminación por motivo de sexo y propiciar que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los varones en el acceso
al empleo, la seguridad en el mismo y en la superación profesional. El mejoramiento de las condiciones de salud de la mujer mexicana, además de ser una exigencia legítima encaminada a lograr la equidad de género, es una condición necesaria para el desarrollo pleno de sus potencialidades.